Se pronuncia Blanca Águila en contra de la desaparición del IAIP

Tlaxcala, Tlaxcala; a 29 de mayo del 2025 (Tlaxcala Lives). Tras aprobarse en el pleno del Congreso del Estado con 19 votos a favor y dos en contra, la diputada local, Blanca Águia Lima se pronunció en contra de la aprobación de la reforma constitucional que desaparece el Instituto se Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP).

Ante el pleno, la legisladora destacó en su mensaje que, siguiendo con los “principios que deben regir toda democracia: la transparencia, la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos humanos. Hoy me convoca un tema que no solo afecta a una institución, sino que impacta de forma directa y contundente a todas las personas: la desaparición del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala”.

Consideró que, la aprobación de esta reforma representa para el estado un retroceso “alarmante” en materia de transparencia y protección de datos personales, los cuales no pueden depender de partidos políticos o del gobierno en turno.

“Para entender la magnitud de esta medida, debemos recordar qué representa el órgano garante de la transparencia para la sociedad. Este instituto ha sido la garantía de que las personas podamos conocer qué hacen nuestras autoridades, en qué se gasta el dinero público, cómo se toman las decisiones que nos afectan a todas y todos.
Con la existencia de institutos como el garante de la transparencia, cualquier persona puede ejercer su derecho a preguntar y recibir respuestas claras. Gracias a su autonomía -hoy extinta-, el IAIP pudo exigir cuentas incluso a los más altos funcionarios del gobierno, sin subordinación ni restricciones políticas.
Desaparecer esta figura autónoma implica debilitar el poder ciudadano, la llave que le facultaba acceder a información de interés público y que representó la antesala de conocer actos de corrupción o excesos en el gobierno se cierra una puerta fundamental para que la sociedad acceda a la verdad”, expresó la legisladora.

Señaló que, el acceso a la información es un derecho constitucional, sin embargo, está iniciativa limita a la sociedad.

“El acceso a la información no es un favor que hace el gobierno. Es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Lo mismo sucede con la protección de datos personales, que garantiza que nuestras identidades o nuestra información íntima, no sean manipuladas ni utilizadas sin nuestro consentimiento.
Ambos derechos requieren garantías institucionales fuertes e independientes. Entonces, ¿Cómo podremos confiar en que nuestros datos personales estarán protegidos si quienes los resguardan responden directamente al Poder Ejecutivo? ¿Cómo sabremos si se utilizan de forma indebida? ¿A quién podremos acudir si ese mismo gobierno es quien concentra el control de los datos?
Cuando las funciones del IAIP pasen a depender de una secretaría del Ejecutivo, la imparcialidad y autonomía necesarias para resolver conflictos entre la ciudadanía y el gobierno se perderán.
Además, la confidencialidad de nuestras solicitudes, la imparcialidad en las resoluciones y la posibilidad de sancionar a funcionarios que nieguen información quedarán en entredicho”, indicó.

De igual manera, aseguró que en el limbo, quedarán interrogantes como: ¿Quién se atreverá a denunciar la opacidad si sabe que será el propio gobierno quien decidirá sobre su queja? ¿Qué consecuencias tiene trasladar estas funciones a una secretaría del gobierno estatal?. Delegar las funciones de un órgano garante a una dependencia”, afirmó.

Cabe estar que,  a traves de un comunicado oficial, resalta lo siguiente:  “el poder ejecutivo estatal tiene profundas implicaciones estructurales, éticas y legales.
Primero, porque rompe con el principio de separación de funciones y poderes. Un órgano que fiscaliza, supervisa y exige transparencia no puede depender jerárquicamente del ente al que debe fiscalizar. Es como si al árbitro de un partido lo contratara y le pagara uno de los equipos en el juego.
Segundo, porque pone en riesgo la confianza de la sociedad tlaxcalteca. Las personas necesitan saber que existe un ente imparcial que no es sumiso a presiones políticas o presupuestales.
Esa confianza no puede construirse si las decisiones sobre transparencia se toman en escritorios subordinados al interés político o gubernamental.
Y tercero, porque contraviene principios constitucionales. No obstante, la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 que extinguió al órgano garante nacional -el INAI-, la Constitución establece que los órganos garantes deben ser autónomos, tanto en el ámbito federal como en el local.
Ante este panorama, la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, las y los ciudadanos debemos alzar la voz. No se trata de defender un edificio o un presupuesto; se trata de proteger un principio: que el poder debe estar sometido a la vigilancia y observancia constante de los distintos sectores de la sociedad tlaxcalteca”, expresó.